Foto: Alex Kornhuber

Guiados por la periodista experta en temas ambientales Barbara Fraser, nos embarcamos desde Nauta a Saramurillo, distrito de Urarinas, provincia de Loreto, región Loreto. Saramurillo, desde hace casi 50 días, concentra el reclamo de 48 comunidades afectadas por 40 años de explotación petrolera en los lotes 8 y 192, en los ríos Marañón, Tigre, Pastaza, Chambira y Corrientes. 

La protesta plantea una revolución: ¿Tiene sentido seguir explotando el petróleo de esa manera en la selva norte? 

El Lote 8 viene siendo operado desde 1996 por Pluspetrol y el contrato vence el año 2024. En el Lote 192, en cambio, Pluspetrol ya cumplió su contrato, se retiró el año pasado, y ahora hay una discusión política acerca de cuál es la empresa adecuada para continuar su explotación, si la privada o la estatal, si la peruana o la extranjera. Mientras esto se decide, las comunidades se asfixian debido a una serie de derrames (7 el último año) en distintas zonas del oleoducto que transporta el petróleo de la selva a la costa.

UN LÍQUIDO NEGRO QUE ENVENENA

La explotación a la que me refiero es la de un crudo espeso, poco fino y muy difícil de refinar, como es el petróleo amazónico, muy distinto al del desierto. Su necesidad de refinamiento hace que este crudo de la selva norte viaje durante 2 mil kilómetros desde Loreto hasta Talara, Piura. 

La Refinería de Talara, tan antigua como los lotes 8 y 192, requiere de una urgente renovación, y el actual proyecto de modernizarla nos va a costar, a todos los peruanos, 3 mil 500 millones de dólares. Tanto el Oleoducto Nor Peruano como la refinería son responsabilidad y negocio de Petroperú, entidad estatal dedicada a transportar, refinar y vender ese crudo al mundo, pero aún sin experiencia en lo que llaman el upstream (extraer petróleo), una actividad que les estaba vetada por ley hasta el año pasado cuando, todavía con Humala, se modificó la ley 30130, para que la empresa estatal no tuviera restricciones. 

Todas estas operaciones estuvieron en manos de la empresa extranjera desde sus inicios, hace más de 50 años, que en esa época se benefició con mucha impunidad pues la permisividad ambiental era absoluta. Estamos hablando de los años sesentas y setentas, cuando el mundo no tenía conciencia ambiental, de modo que a las empresas que invirtieron en esos años se les permitió contaminar sin sanciones. La Oxy, Occidental Petroleum, fue la más importante de esas operadoras. 

El tema de fondo aquí, además del ambiental, que es más bien su consecuencia, es el abandono del Estado. Una ex trabajadora de Plus Petrol que prefirió no identificarse me comentó que los nativos, al tener trabajo como limpiadores de derrames, por unas semanas acceden a revisiones médicas, atención dental, por ejemplo, seguros de vida para sus familias, uniformes, pertenecen a una institución y eso los hace sentir menos aislados, aunque sea solo por una temporada, pues son cosas que nunca tienen normalmente. 

LA MISERIA DERRAMADA

El abandono del Estado es el que genera todos los vicios. Y no se trata de canon, el canon a nivel de comunidades, donde las entidades son distritales, es paupérrimo, a diferencia de lo que se puede llevar una provincia o una región, es una cuestión de jerarquías gubernamentales. No hay buenas escuelas, no hay buenos servicios o no los hay simplemente. 

El geólogo petrolero Carlos del Solar Simpson, en su libro "50 años de geólogo petrolero" (Editorial Trust, 2015), reconoce el abandono: 

"El Estado debería acompañar con mayor decisión este propósito de incentivar las inversiones. Por ejemplo, debería ejecutar proyectos en educación, salud, nutrición en las comunidades cercanas a los lotes que se van a licitar. Y buscar mecanismos para mejorar la redistribución de canon, sobre-canon y regalías con el objetivo de ampliar el número de los beneficiarios. No es posible que una localidad reciba ingentes recursos y no los pueda utilizar debidamente en construir servicios básicos que la población necesita con urgencia".

Tampoco hay dinero, como se piensa a veces, y es gente, como en el caso de Cuninico,  que hasta antes del fatídico derrame vivía del pescado, no solo a nivel de parar la olla sino también ofertando su pesca a los mercados. Cuninico es una comunidad kukama que sufrió un derrame emblemático en Loreto en junio del 2014, con 31 mil barriles de crudo vertidos en el agua. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Oefa, en su informe, le atribuyó el derrame a un sabotaje. Y esa ha sido la tendencia hasta hoy, dos años después y con la lista de derrames engrosándose mes a mes. 

Otra tendencia es atribuir los derrames a la falta de mantenimiento del ducto, después de más de 40 años.

El oleoducto, sin duda, empieza a ser una coladera incontrolable. Incluso actualmente está paralizado el bombeo del Lote 192 y del Lote 8, para que el tubo no siga desparramando petróleo entre sus agujeros oxidados, pero aun así se producen los derrames, quizás porque pese a que el bombeo se ha detenido hace tres meses, el petróleo todavía no termina de llegar a la costa. No olvidemos que son 2 mil kilómetros. 

EL BOOM DEL SABOTAJE

Ese sabotaje del que tanto se habla podría deberse a que, cada vez que hay un derrame, los pobladores ven la oportunidad de trabajo de su vida, pero esto solo demuestra lo olvidados que están: A nadie en su sano juicio podría gustarle trabajar sacando petróleo, lo lamentable es que es la única posibilidad económica que tienen en la vida. Su única opción de trabajo es embarrarse de ese crudo que luce como brea hasta las orejas, respirar ese aire contaminado, envenenarse por un contrato de tres meses que les da la posibilidad de tener algo que no han tenido nunca y que ahora necesitan porque ya no pueden vivir de la pesca: dinero.

Para José Fachín (36), indígena quichua del río Tigre, líder entre los dirigentes del paro, el argumento del sabotaje responde a intereses:

 "El tema del sabotaje está direccionado, es conveniente responsabilizar a los indígenas. La hipótesis que estamos manejando en Saramuro es que los contratistas hacen el sabotaje para desprestigiarnos. Los indígenas no tenemos las herramientas para cortar el ducto". 

Joel Musolini, representante de la Organización de Estudiantes de Pueblos Indígenas de la amazonia peruana (Oepiap), un joven awajun de la comunidad Datem del Marañón, quiere un informe transparente:

"Queremos que entre la fiscalía e investigue profundamente sobre los derrames o sabotajes pero necesitamos un peritaje independiente internacional, no puede ser que la fiscalía se traslade con fondos de Petroperú". 

Hace poco menos de un año se produjo un derrame muy aparatoso en el río Chiriaco. Los medios de comunicación llegaron y se dieron con la sorpresa de que había mujeres y niños recogiendo petróleo en latas y botellas a cambio de una propina de 3 o 5 soles. Las redes sociales se indignaron. Ese derrame no era atribuible a sabotaje alguno pues se había producido por deslizamientos. 

El entonces presidente del directorio de Petroperú Germán Velásquez llegó a la zona, se tomó selfies y, acorralado por el escándalo de involucrar a mujeres y niños en la limpieza por centavos, tuvo que plantear programas de limpieza más serios, ofreciendo ropa de seguridad, trabajo solo para adultos y un jornal de 150 soles diarios. Una exageración producto de la vergüenza, que generó en adelante la poco saludable especulación de la limpieza de derrames como fuente de empleo. Quienes atribuyen los derrames a sabotajes sospechan que ahí empezó el boom.

Nueva Alianza, la comunidad que sufrió un derrame hace dos meses, hoy es un pueblo con bastante más movimiento comercial, con dos empresas que contratan a unos 120 hombres promedio en labores de limpieza del crudo vertido en sus aguas, por 80 soles diarios. Una gaseosa de 2 litros que antes costaba 5 soles ahora cuesta 8 en Nueva Alianza. Un derrame es, para algunos, una buena noticia. Una prosperidad a costa de la destrucción absoluta del ecosistema. El apu de Nueva Alianza Hilter Yurarima y un trabajador nativo contratado para la limpieza atraviesan una mancha inmensa de petróleo del último derrame mientras nos recuerdan que ahora es muy común que la gente sufra de diarrea.    

En la comunidad de Monterrico, donde se produjo el penúltimo derrame hasta hoy, hace poco más de 2 semanas, el apu Pastor Dahua nos cuenta que los pobladores de una comunidad cercana llamada Unión, que no ha sido afectada por el derrame porque está más arriba y las aguas no suben, sin embargo se acercan a su comunidad y buscan el conflicto, porque quieren su parte en la repartición de puestos de trabajo para la limpieza de derrames. Pastor Dahua no para de escupir, una costumbre nativa, una manera de reaccionar cuando algo les da asco. Y es que el olor a petróleo es insoportable.  

Tanto los derrames de Nueva Alianza como el de Monterrico y el último, en la comunidad nativa 6 de julio, el viernes 14 de octubre, se han dado entre los kilómetros 50 y 100 del oleoducto, que a decir de algunos expertos es el más afectado por la corrosión del tubo, a juzgar por la cantidad de fisuras que ha presentado últimamente. 

La madre del apu Pastor Dahua se esmera en invitarnos un plato de doncella pescada por ellos, asegurándonos que el agua del derrame todavía no llega a la quebrada Patayacu -tributaria del Marañón, donde ellos suelen pescar para comer y tomar sus aguas- y que por eso estamos a salvo de comerlo, pero también llora cuando recuerda que el "invierno" está a punto de llegar y que la lluvia escurrirá esas aguas negras por donde pueda, hasta llegar a quebradas, ríos y cochas, pues el agua no tiene barreras. 

Monterrico y Nueva Alianza, sin embargo, no se han sumado al paro.  

POSICIONES ENCONTRADAS

Un representante político del área contigua al Lote 192 tiene otra visión de las cosas. Aurelio Chino, de la Federación Indígena Quechua del Pastaza, Fediquep, entiende la indignación pero considera que el paro no es estratégico, pese a que manifiesta su solidaridad y difunde las necesidades de su cuenca, el Pastaza. 

Pero para los líderes que han levantado el paro en Saramurillo, ellos, sus mayores, los líderes del 192 que últimamente tienen reuniones con el Congreso, están muy distraídos con hoteles y aviones, llegando a Lima a que los mezan (sic), pero se están acostumbrando a lujos y ya empiezan a olvidarse de su pueblo. Por eso insisten en que ellos no quieren repetir esta historia. Una historia que solo lleva a reuniones y más reuniones, fotos para la farándula política y poco más. 

Hace unas semanas se empezó a difundir la llamada Declaración de Saramurillo, donde las federaciones indígenas que acatan una huelga indefinida desde inicios de septiembre, reafirman la espera de una Comisión de Alto Nivel para dialogar en la Estación 1en Saramuro. Ellos recuerdan que han vivido más de 40 años de actividad petrolera, que han aguantado procesos de diálogo sin solución y que hoy les tocó reclamar con firmeza. También se refieren a que ciertas entidades y organizaciones están tratando de desprestigiar y minimizar la medida de protesta que vienen sosteniendo. Indican que el paro indefinido es una respuesta espontánea de comunidades que durante muchos años han sido silenciadas e invisibilizadas por el Estado y por algunas organizaciones e intereses.

Los apus de 48 comunidades concentrados en Saramurillo están indignados con el gobernador regional de Loreto Fernando Meléndez, ya que quiere protagonismo en una lucha que es de los pueblos indígenas. Dicen que el gobernador regional no es vocero de los indígenas y que los traicionó. Que fue, tomó masato con ellos, comió con ellos, lloró con ellos y luego volvió a Iquitos a declarar ante la prensa que los dirigentes del paro son "extorsionadores y chantajistas". 

Meléndez dice esto porque al comienzo, ciertas trincheras del paro, retenían a la gente 24 horas y según una pareja de transportistas de Nauta que tampoco quiso identificarse, pedían cupos. Pero esta situación no ha continuado, pues o solo se trataba de unos cuántos extremistas o han entendido que la medida era ilegítima.

CONTROL DE TERRITORIO

José Fachín, coordinador de la Federación de Comunidades Nativas de Alto Tigre (Feconat), dice que una movilización de 48 comunidades que representan a otro tanto (que si no llega es por lo caro que es movilizarse desde tan lejos) necesita colaboraciones, y que lo que ellos han pedido era una colaboración. Fachín, líder de la protesta -que se comunicó con las congresistas Luz Salgado y Patricia Donayre para suspender una reunión de los líderes con la Comisión de Pueblos del Congreso el 14 de octubre en Nauta- insiste en que las reuniones sean en el lugar de los hechos (Saramurillo) y con el Ejecutivo, sea PPK o Zavala o los ministros. 

También defiende la figura de la retención, alegando que la gente que viajaba dentro de las embarcaciones detenidas que pasaban por el Marañón era tratada de muy buena manera por ellos, con alojamiento y comida, pero que están ejerciendo control de territorio. 

Ese control, dice Fachín, responde a la necesidad de impedir que las autoridades gubernamentales se comporten como la titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, Paola Tatiana Mendoza del Río, que llegó a Nueva Alianza, donde se produjo un derrame hace un mes, y basó su informe en el reporte del perito de Petroperú (conocido como el ingeniero Santos) que llegó y dijo que ese derrame era producto del sabotaje, pero además la fiscal especializada omitió otra cosa importante que también había dicho el perito Santos: que para ese sabotaje se requiere de herramientas que los nativos no saben manipular. Esto puede verse en el video sobre el derrame de Nueva Alianza subido por Radio Ucamara en youtube. Mendoza del Río no incluyó esto en su informe y además amenazó a los nativos de Nueva Alianza de denunciarlos por tala ilegal cuando vio un terreno abierto, ignorando, totalmente, que los nativos abren chacras en sus terrenos, para cultivar. 

Hace más de veinte años, ya se advertía de los efectos perjudiciales de la explotación petrolera en la selva norte de Perú. Un informe de 1993 señalaba que por la Batería Yananacu, río Marañón (en plena Reserva Nacional Pacaya Samiria), se encontraron impactos negativos en las aguas debido a la explotación petrolera. En el año 2000 se denunció el derrame de 5 mil barriles de petróleo cerca de la Comunidad de San José de Saramuro por el hundimiento de una barcaza que transportaba crudo bajo la responsabilidad de Pluspetrol. 

Existen estudios de la situación de la salud en el Lote 192 que han encontrado cadmio y plomo en los pobladores del río Corrientes.

Mario Zúñiga, asesor de Aurelio Chino y del Fediquep, afirma que son más de 2 mil sitios impactados en el lote 192, entre Oxy y Pluspetrol, pendientes de remediación y compensación. Zuñiga reclama, con justicia, que Pluspetrol se haya ido sin pagar sus deudas ambientales y sociales a las comunidades del 192 y que encima la Oefa le haya dado un premio. Un informe de Ojo Público explica detalladamente el abandono del Lote 192 por la empresa argentina Pluspetrol.

SI NO HAY SOLUCIÓN

Unos mil nativos se concentraron el martes 12 de octubre en el helipuerto de la Estación 1, abandonada por Petroperú desde que se inició el paro en Saramurillo. Eran cientos de personas, hombres, mujeres y niños, que si bien se mantenían en pie de lucha como lo están hace un mes y medio, también expresaban su satisfacción, su orgullo e incluso su felicidad por sentirse, finalmente, atendidos por una representación del Ejecutivo. Sin embargo tenían claro que no van a parar de insistir en que vengan los ministros. Esperaban a la comitiva del gobierno presidida por Rolando Luque, jefe de la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. A Luque, un hombre respetuoso que conoce bastante bien cómo funcionan los conflictos socioambientales, lo acompañaron representantes de algunos ministerios y Jorge Villacorta, asesor del presidente Kuczynski en temas de conflictos. Esta comitiva, resguardada por la Defensoría del Pueblo, incluía también al obispo de Iquitos Miguel Olaortúa, quien a pedido de José Fachín había ido como garante, asegurándole a la comitiva que los nativos no iban a hacerles daño. "Si al obispo no le creen que no somos caníbales, a quién le van a creer?", dijo Fachín más de una vez, ironizando sobre la antigua costumbre de atribuirles la condición de salvajes, como si no fuera salvaje el abandonar a un pueblo por tantos años, utilizándolo solo para extraer un recurso.   

La comitiva llegó en un helicóptero del ejército, aterrizó dentro de las instalaciones de Petroperú y todos, comisionados, ministro, defensoría, obispo, etc. tuvieron que saltar una reja porque nadie tenía la llave para salir del perímetro de la empresa petrolera que, como ya hemos dicho, huyó y abandonó sus operaciones cuando empezó el paro, dejando a la comunidad de Saramurillo sin las pocas horas de luz y la escasa agua de un par de caños públicos que solo a veces funcionaban. La reunión duró del martes 11 al miércoles 12, día crucial en que el asesor de Kuczynski Jorge Villacorta (hoy empujado a renunciar)  fue expulsado de la reunión por su prepotencia, evidenciada en sus gritos, señalando con el dedo a los más de 500 nativos asistentes, mujeres y niños incluidos, cuando la negociación se entrampó y los apus se negaron a levantar el paro. 

El dirigente Daniel Saboya, de Fepiaurc, la Federación de Pueblos Indígenas Achuar y Urarinas del Río Corrientes, insistía en programar una fecha para el diálogo con PPK o los ministros y pedía, de parte del gobierno, el apoyo para movilizar a Saramurillo a dirigentes de comunidades que por estar muy alejadas no habían tenido recursos para sumarse al paro. Villacorta y Luque explicaban que ese presupuesto no se había designado y que no podían conseguirlo de la noche a la mañana. Ante esa respuesta Saboya anunció la decisión de los dirigentes de no levantar el paro y Villacorta perdió la serenidad, respondiendo en tono amenazante que él no iba a aceptar esa respuesta y se armó una discusión multitudinaria entre el asesor y todos los asistentes, que empuñaban una vez más sus lanzas para mostrar su determinación. 

Finalmente, con la intermediación del obispo y con mucha paciencia de ambos lados, la reunión llegó a una serie de acuerdos que permitieron establecer demandas y plazos que se firmaron en el acta, cuyo punto más urgente es le declaratoria de emergencia social, ambiental y sanitaria de los distritos de Urarinas y Parinari . 

LA LUCHA CONTINÚA

Los más de 500 indígenas concentrados en Saramurillo reclaman la remediación ambiental de las zonas afectadas por el derrame de petróleo, renovación del Oleoducto Nor Peruano, creación de una comisión de la verdad que registre los casos de las comunidades afectadas por el derrame de crudo y recibir una compensación económica que se traduzca, no en dinero, sino en inversiones. También exigen solucionar el problema de desabastecimiento de agua potable y saneamiento básico, construcción de infraestructuras educativas.

"Podríamos pedir dinero y eso no tendría nada de malo, porque nosotros también tenemos derecho al dinero, pero por dignidad y por solidaridad con el resto de nuestro país solo pedimos inversión", dijo José Fachín, en uno de los momentos más intensos de la reunión. 

La espera en Saramurillo es tensa. El paro ha sido levantado por unos días pero si no se empiezan a encausar sus demandas ante el Ejecutivo, con la respuesta concreta de una fecha para el diálogo, se retomarán las medidas de bloquear el río e impedir el paso de embarcaciones entre Yurimaguas y Loreto. 

La pobreza de las comunidades visitadas en este viaje es extrema. Más extrema que la que yo pueda haber visto en mi convivencia con la Amazonia, que no es poca. Lo que viven nuestros peruanos de la selva norte de Loreto es lo peor que le puede pasar al ser humano que vive y goza de los recursos naturales que le ofrece su ecosistema. Hay indígenas que no reciben nada del Estado pero se las arreglan para vivir con lo que la naturaleza les da, lejos y libres, y al menos ese puede ser un consuelo: no me ayudas pero tampoco me estorbas. En el caso de los lotes 8 y 192, lo dramático es la mezcla de lo que el Estado no les ha dado con lo que la actividad petrolera les ha quitado.