Este 23 de setiembre se celebra el día mundial contra la explotación sexual y trata de personas. En el Perú tenemos un problema serio de trata, y su seriedad no tiene que ver con las estadísticas, que son casi inexistentes, pues solo se basan en denuncias hechas, identificaciones de víctimas y rescates.  

Según cifras relacionadas con la persecución por delitos de trata en el 2016 y el primer semestre del 2017, tanto de organismos no gubernamentales como CHS Alternativo, y gubernamentales como los ministerios Público, de Justicia y Fiscalía, se han realizado:  

• 1.395 operativos y megaoperativos.

• 2.181 víctimas han sido identificadas.

• 507 denuncias.

• Solo 121 efectivos de la policía peruana tienen acceso al sistema RETA (Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines).

• Según el Poder Judicial: 373 casos de trata. 58 sentencias condenatorias. 22 sentencias absolutorias.

• Los efectivos policiales que combaten la trata no llegan a los 400 hombres.

• Solo existen 8 comisarías de la mujer en el país y todas están en Lima.

• Solo 2 de cada 100 tratantes reciben sentencia.

• El monto oficial destinado a combatir la trata en 2018 es de 5 millones 700 mil soles, el 0.0036% del presupuesto de la nación.

Pero la trata, tipificada como crimen organizado –y que legalmente requiere una serie de acciones previas como la seducción o manipulación sicológica de la víctima, el engaño, el secuestro– es solo una de las formas de explotación humana que existen en el Perú, como son la explotación laboral y sexual de niños, niñas y adultos e incluso el matrimonio servil. Por ese motivo, debemos dar visibilidad a muchas otras formas de abusos. Personas explotadas por otras personas, vulnerables a todo tipo de engaños, estafas, trampas, secuestros y violaciones, víctimas de abusos que rara vez son percibidos como tales, pues quien procede de un contexto de abandono absoluto del Estado o de violencia familiar siempre será presa fácil para uno de los delitos más antiguos de la humanidad.

El texto que firma la periodista Cecilia Larrabure, curadora de la exposición #ExplotaciónHumana, actualmente en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, resume el problema de la normalización de un delito, tan histórico como vigente:

Cada año miles de mujeres son esclavizadas sexualmente en el Perú. Son mercancía. Sus emociones, su capacidad intelectual y sus sueños son desechados sin compasión. Ciudadanas sin derechos que, si logran escapar o son rescatadas, se exponen a escuchar de los operadores de justicia sentencias absolutorias para sus victimarios, amparadas en prejuicios machistas.

Menos visible es la realidad de miles de hombres que trabajan en condiciones deplorables, con índices muy altos de accidentes laborales, sin seguro, con contratos paupérrimos “a 90 días”, al cabo de los cuales el tratante les descontará la “inversión” en transporte, alojamiento y alimentación.

Los niños que son explotados laboral y sexualmente se cuentan por decenas de miles. Cuesta creerlo, aun más si consideramos que la infancia debería ser un reducto de ilusión y amor. Nada más lejano para los niños que son víctimas de trata.

La explotación humana que hemos normalizado por centenarios se refleja en el siguiente gráfico:

Pero hoy, mientras escribimos esto, y el domingo mientras usted lo lea, o mientras en algún lugar del Perú se realice algún acto solemne para conmemorar esta fecha, lo que presentamos a continuación, a manera de casos periodísticos, sigue sucediendo, en Lima, Piura, Puno, Cusco, Loreto, Pucallpa, Madre de Dios, etcétera, y lo que vemos no es siquiera la punta del iceberg. A ellos queremos dedicarles nuestra atención en esta fecha, a los invisibles que sobreviven a las peores condiciones o que murieron recientemente, sin haber conocido el sano ejercicio de sus derechos más elementales. 

LA DESAPARICIÓN DE UNA HEROÍNA

En enero de 2016 Aymee Pillaca Leguía (21) de Lima, desapareció en La Pampa. Boxeadora en la Federación Peruana y madre soltera de una niña de 4 años, Aymee había conocido a un joven boxeador, Alexander Chávez Véliz, de quien se enamoró. Él tenía un familiar en La Pampa, dueño del bar La Rica Miel. Alex le ofreció irse con él para trabajar y ahorrar dinero para su hija. Aymee lo siguió en noviembre de 2015 y mintió a sus padres. Les dijo que se iba a un torneo en Brasil y prometió volver antes del cumpleaños de su bebé, el 21 de enero.

Aymee no hacía “pases” en La Rica Miel, según testigos. Ella “solo fichaba”, es decir, acompañaba a clientes del bar mientras tomaban cerveza. Mientras, su captador y supuesto enamorado trabajaba en la minería ilegal, también en La Pampa.

El 15 de enero, la boxeadora ayudó a escapar a una niña de 15 años de La Rica Miel, tras ser testigo de una violación a esta niña por parte de más de 10 hombres. La violación masiva es un castigo para las jóvenes que intentan escapar de la red de trata. Aymee habría ayudado a esta niña a escapar embarcándola a Cusco con los 2 mil soles que había ahorrado como mesera.

Su error habría sido regresar a La Pampa a por Alexander Chávez. Según la versión de los testigos, ambos fueron asesinados por orden de los tratantes de La Rica Miel y sus cuerpos abandonados a la altura del kilómetro 98 de la Interoceánica.

EL CICLO SE REPITE: NIÑOS QUE CARGAN, CORTAN Y QUEMAN MADERA PARA HACER CARBÓN Y QUE CUANDO CREZCAN SERÁN EXPLOTADOS EN LOS ASERRADEROS 

La Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil 2015 (ETI) registró en el Perú 1’974,400 trabajadores infantiles, de los cuales el 77.3% realizó alguna forma de trabajo infantil peligroso.

En Manantay (a pocos minutos de Pucallpa) se emplea mano de obra infantil para la producción de carbón natural. Las familias que allí habitan son mayoritariamente migrantes, naturales del Alto Ucayali (en la selva baja), Cusco o Apurímac. Además del carbón, abundan el ensamblaje de barcos, los servicios de comidas y bebidas y la trata de personas, entre otras actividades que tienen participación de niños, niñas y adolescentes. 

Julio, migrante asentado en Manantay que trabaja en un horno de carbón, representa esa pobreza estructural donde la explotación es una forma de vida: “Yo al niño que viene todo el día le doy 15 soles, pero le doy para su comida, lo que yo como le doy. Hay jovencitos que vienen de 18 a 15 años: maestro te vengo a cargar tu leña, pucha tengo un curso que pagar, me dicen. ¿Qué les vas a hacer? No le vas a decir que no. Al decirle que no, entonces, no estás apoyándole a ese niño, o a esa juventud que necesita”.

Los niños, niñas y adolescentes aprenden a manipular y procesar la madera. Conforme crecen son instruidos en el uso de hachas, machetes, martillos, palas, rastrillos, cernidores, serruchos, armas, sierras y motosierras. Aprenden los términos de intercambio económico e interiorizan el valor del dinero. No es casualidad, entonces, que más adelante sean captados para ser explotados en los aserraderos que proliferan en todo el distrito.

LA TRATO COMO SI FUERA MI HIJA  

‘Ruth’ (10) tenía que cocinar, lavar ropa, barrer y trapear la casa de su madrina, Flor Quispe Mallqui, de lunes a domingo, y también cuidar al bebé de 2 años. Cuando algo no le salía bien, Quispe le daba correazos y la insultaba. Pese a ser la encargada de cocinar, la niña no podía acceder a las mismas comidas. En noviembre de 2014, una vecina aprovechó que Quispe salió a trabajar y se acercó a ‘Ruth’. La examinó y vio las marcas de correa que tenía en las piernas. La vecina llamó a la línea 100 para denunciar la situación. La niña fue rescatada y se inició una investigación contra Quispe. Esta, al ser confrontada, juró que criaba a ‘Ruth’ como si fuera su propia hija.

Cuando la fiscal Berenice Romero, de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas de Lima, llamó al padre de la niña, este no quiso denunciar a Quispe. “Es mi comadre”, dijo. Y explicó que le había firmado una cesión de tutela en setiembre de 2014, cuando Quispe lo visitó en la comunidad asháninka Shabashipango, en Satipo. El hombre es viudo y tiene varios hijos. “Trabajo todo el día. Mi comadre me dijo que podía llevarse a ‘Ruth’, su ahijada de bautizo, y mandarla a un colegio de Lima”. Según ordenó la justicia, la niña tuvo que volver a Satipo con él. El 17 de octubre de 2017, Quispe fue condenada a 23 años de cárcel y al pago de 13 mil soles a favor de ‘Ruth’. Pero no se presentó a la lectura de sentencia. Tampoco estaba en su casa cuando la policía llegó para arrestarla.  

MORIR PARA CONTARLO

Jovi Herrera Alania (20) y Jorge Luis Huamán Villalobos (21) trabajaban en un contenedor de fierro que ocupaba un área de 5x5 metros, con unos pequeños espacios en la parte superior que hacían de ventanas y estaban tapadas por barrotes. Se dedicaban a falsificar productos como bombillas y fluorescentes. Les pagaban 2 soles por cada caja de 25 fluorescentes embalados que luego eran vendidos en la galería Nicolini, ubicada en el primer piso de una zona de comercio informal de Lima.

La galería se incendió el 22 de junio de 2017 y los jóvenes murieron atrapados en esa jaula que era su centro de trabajo, de la que solo salían para almorzar, pues incluso para orinar eran obligados a usar botellas de plástico. Se asfixiaron y luego se calcinaron. Los padres de los jóvenes se acercaron al lugar del incendio y vieron cómo sus hijos sacaban la mano por una rendija y agitaban sus casacas. Pero no pudieron hacer nada. Ni los bomberos. El contenedor, como si fuera una jaula, estaba cerrado con candados. El equipo de peritos tuvo que cortar las paredes metálicas para encontrarlos.

En junio de 2018, tras un año de prisión preventiva y gracias al empuje de la madre de Jovi Herrera, que pidió justicia públicamente al no tener dinero para un abogado, el comerciante Jonny Coico Sirlopu y su esposa Zeña Santamaría fueron sentenciados a 35 y 32 años de prisión por el delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud con subsecuente muerte. No obstante, la sentencia es en primera instancia y ambos han apelado la condena.

LA SENTENCIA VILLA STEIN: VIOLENCIA NORMALIZADA 

Iván Montoya, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp), analizó el 2016 el contenido de ocho sentencias de la Corte Suprema y encontró que cuatro de ellas se concentraron en probar o descartar el consentimiento de la víctima y no en su situación de explotación. Bajo esa lógica, estos acusados de trata fueron absueltos o condenados por delitos menores como rufianismo y proxenetismo.

La polémica sentencia 2349-2014 que emitió en 2016 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, entonces liderada por el juez Javier Villa Stein, e integrada por el saliente presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y por el suspendido juez supremo César Hinostroza, hoy investigado por corrupción, resume esta situación. Los magistrados descartaron que exista trata y explotación laboral en el caso de una menor de 14 años que debía tomar cerveza y eventualmente tener sexo con clientes en un bar de Madre de Dios, como parte del rol de ‘dama de compañía’, pues dijeron que esto no iba a “agotar sus fuerzas”.

El equipo legal de Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) analizó la sentencia y concluyó que está cargada de estereotipos que conciben el rol de ‘dama de compañía’ como una actividad normal para la mujer y por eso no ven que existe una explotación laboral; además, reduce la violencia sexual a que exista una violación de por medio.

LO ÚNICO QUE BRILLA ES EL ORO

Los campamentos madereros o mineros ilegales son el destino de muchos jóvenes varones, sobre todo en temporada de vacaciones escolares. Se les dice que el contrato es por 90 días y que se les pagará al final del mismo. Muchos no reciben pago alguno. En otros casos, las deudas acumuladas por los adelantos recibidos y el alojamiento los fuerzan a quedarse trabajando, sin cobrar, mucho más tiempo que el acordado.

La división del trabajo se ordena de la siguiente manera:

• Macheteros: se encargan de rozar el monte con machetes.

• Carreteros: transportan rocas y tierra en carretillas.

• Buzos: hacen la succión de los lechos de los ríos y las pozas con una manguera conectada a una motobomba. Es el trabajo más peligroso de todos porque los obreros están expuestos a enredarse con las mangueras y ahogarse o a que un derrumbe los sepulte bajo el agua.

• Maraqueros: son trabajadores que operan las bombas de succión y amalgaman el mercurio con el material extraído.

EL PRECIO DE LA ILUSIÓN

En abril de 2018, la División de Secuestros de la Dirincri detuvo a una pareja de venezolanos que explotaba sexualmente a cuatro adolescentes de su misma nacionalidad. Las menores de 16 y 17 años estuvieron secuestradas dos semanas y eran ofrecidas por 300 soles. Los tratantes fueron identificados como Heinyareli Daleska Flores García (18) y su novio, Brandon Alexander Sandía Martínez (19). Ambos llegaron al Perú en 2017 como turistas. A inicios del 2018, Flores y Sandía se pusieron en contacto con cuatro compatriotas que se habían mudado a Colombia por la crisis y les vendieron el ‘sueño peruano’. Les prometieron mejores oportunidades laborales (puestos administrativos en empresas, trabajo estable, etc.) y las subieron a un bus. Antes de cruzar la frontera, adulteraron las fechas de nacimiento en los documentos de identidad de las adolescentes para burlar a las autoridades peruanas.

Una vez en Lima, les quitaron sus documentos y su dinero, y las dejaron incomunicadas. Las encerraron en un departamento en Los Olivos. Jonnathan Franz Paredes Ríos (32), un cómplice peruano, vigilaba que no fueran a escapar y era el encargado de llevar a las menores a las citas sexuales. En el departamento de Los Olivos, los agentes de la PNP encontraron un cuaderno donde los criminales registraban lo recaudado a costa de sus víctimas. Las menores no recibían un sol de esto. Debían cumplir con cinco sesiones por jornada a cambio de techo y comida.

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Las estadísticas seguirán siendo la punta del iceberg de un amasijo interminable de delitos normalizados, invisibles o camuflados en torno de economías extractivas ilegales, o legales, en la ciudad y en el campo, en comunidades andinas, amazónicas y zonas de frontera, que tienen en común el abandono del Estado, la pobreza estructural, la violencia y la falta de oportunidades.

Necesitamos multiplicar el paupérrimo presupuesto para prevenir y combatir la explotación laboral y sexual, concientizar a autoridades policiales, fiscales y jurídicas, involucrar a la empresa privada y a la academia. Pero también, y sobre todo, necesitamos abrir los ojos, ser solidarios, denunciar, comprometernos, multiplicar nuestra compasión. Abrir los ojos y el corazón. Porque son miles las víctimas, nunca sabremos cuántas, pero bastaría con una sola persona expuesta a este flagelo en nuestro territorio para que todo el país se movilice a su favor.

(Foto abridora: #ExplotaciónHumana / Marco Garro)

Las ilustraciones y fotos forman parte de la exposición #Explotación Humana en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico.